En una decisión que marca un antes y un después dentro del Congreso, la vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel, dispuso que todos los senadores que terminan su mandato en diciembre devuelvan antes del 10 de ese mes cada elemento asignado durante su gestión: desde mobiliario y computadoras hasta celulares, resmas de papel y tarjetas de comedor.
La medida, establecida mediante el decreto 488 del 11 de septiembre, busca ordenar, transparentar y poner fin a los privilegios que durante años se naturalizaron dentro del Senado. En palabras simples: todo lo que pertenece al Estado debe volver al Estado.
Sin embargo, la decisión generó resistencia entre algunos sectores del Congreso. El kirchnerismo y el bloque Provincias Unidas se opusieron abiertamente a la iniciativa, mientras que parte del PRO y otros espacios presionan para mantener o mejorar sus ubicaciones en la Cámara alta. En tanto, la UCR intenta conservar sus oficinas más amplias pese a la pérdida de representación electoral.
A pesar de las presiones, Villarruel se mantiene firme. La vicepresidente sostiene que “los bienes públicos no son propiedad personal de nadie” y que cada despacho, computadora o recurso asignado durante una gestión debe ser devuelto para su correcta reasignación.
La medida también incluye un exhaustivo relevamiento a cargo de la Dirección General de Administración del Senado, que deberá inventariar los bienes utilizados por senadores, asesores y personal de cada bloque político.
Con esta decisión, Victoria Villarruel vuelve a demostrar su compromiso con el orden, la transparencia y el respeto por lo público, valores que busca recuperar en un ámbito históricamente asociado a los privilegios y al descontrol administrativo.
Mientras algunos senadores se resisten a cumplir con lo que dicta el sentido común, Villarruel sigue marcando el rumbo hacia una nueva forma de hacer política: austera, responsable y al servicio de los argentinos.
