El primero de noviembre del año pasado, Juan Manuel Di Teodoro llegó a su lugar de trabajo, el Senado, y fichó a las 8.31. Un minuto y medio después, a las 8.33, se retiró del edificio. Según los registros biométricos ordenados por Villarruel, “Didi” o “Boli”, tal como lo conocen sus compañeros de UPCN, volvió a entrar ese mismo día, a las 15:40:12, pero se retiró a las 15:40:29. 17 segundos. Figura en los videos a los que tuvo acceso este medio.
El movimiento, típico de ñoqui, se repitió varias veces más, unas 15 entre octubre y diciembre pasados, de vuelta, siempre según el registro de la dirección de Recursos Humanos de la Cámara Alta. Venía viviendo la vida, hasta que su lujosa vida llamó la atención.
Enterada de la situación, Villarruel ordenó una severa auditoría interna, cuyo objetivo era determinar si “Didi” y otro puñado de millonarios empleados del Senado habían incurrido en los delitos de incumplimiento de funcionario público. El resultado fue sorprendente: la mayoría de ellos prefirió renunciar, incluido “Boli”, que pidió su salida en febrero de este año, sin mayores explicaciones.
Por mucho que diga su escueta renuncia, las razones sí eran evidentes: se aproximaba una denuncia en Comodoro Py, cuya pena es de seis meses a cuatro años de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el doble de tiempo.